Al final de un camino polvoriento, en una plantación, una veintena de jóvenes aguardan nuestra llegada. Usan camisetas, shorts y sandalias rotas. Los más osados están con el pecho descubierto y descalzos, a la intemperie llena de zancudos y maleza. A varios les sobresalen pistolas y escopetas cortas de sus pretinas, intimidantes. Otros tienen fusiles recostados a las raíces de los árboles, a la mano ante cualquier emergencia.

Así nos recibe Barlovento en 2015, a 90 kilómetros de Caracas, capital de Venezuela. Seis municipios del estado Miranda están unidos por el repique del tambor y la tradición por la semilla que hace posible al chocolate: el cacao. “Esta siembra la recuperamos de hace mucho tiempo. La jalamos porque estaba perdida. Tenemos ya tiempo cultivando el cacao. Nosotros queremos trabajar tranquilos y dejar el mal camino”, dijo su líder con una escopeta cargada al hombro.

El grupo que esperaba la visita también se hizo parte de esa cultura luego de transitar por la violencia delictiva. Eran muchachos de entre 18 y 35 años de edad que se apoderaron de dos hectáreas de tierra y las convirtieron en una plantación de cacao. Como “la banda de El Junior” los identificaron sus vecinos y la policía hasta febrero de 2019. Ese año asesinaron al líder y último miembro vivo de la pandilla.

En esta región de Miranda el cacao no es un cultivo, sino un culto. Por doquier hay representaciones pintadas de la mazorca, matas cargadas del fruto, campesinas, sacos de semillas. Uno sabe que llegó a la subregión mirandina porque en las paredes de colegios, plazas y casas hay al menos una imagen del grano. Las palabras “se vende y compra cacao” aparecen en cualquier sitio. Trozos de cartón y muros sirven de lienzo para el barloventeño que vive de esta industria, que movió 22.427.454 dólares en 2018 solo por exportación.

“Yo soy familiar de Cipriano Castro (gobernante venezolano 1899-1908). Esos son mis ancestros y las tierras las tenemos desde esa época. Antes teníamos hasta una oficina aquí, en Burguillos”, dice Freddy Padrón, uno de los 50 productores que hay entre la vía San José - Cumbo, del municipio Andrés Bello.

Barlovento tiene cerca de 1.500 productores de cacao. A diferencia de la banda de El Junior, la mayoría de los agricultores heredaron la propiedad de sus parientes. Algunos incluso mantienen las tierras de la época de la postesclavitud, cuando los latifundistas abandonaron los terrenos. Poco a poco pusieron en orden los papeles de propiedad, pero no todos están documentados.

“El tema del cacao es lo clásico de Venezuela: tenemos las mejores playas, pero tenemos todo descuidado”, explicó Raúl López, exsecretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Miranda. Lo mismos sucede con la semilla.

Junior era producto de ese “descuido”. Su producción, sin registro legal de su existencia, entraba al mercado formal sin más limitaciones que las “vacunas” a un funcionario policial o militar. Antes de dedicarse a la agricultura, era parte de la angustia de los productores del sector y la razón por la que al menos 10 casas cerca de El Morro, en el municipio Andrés Bello, fueron abandonadas.

Sus acciones y la de los suyos llegaron a perjudicar a Freddy, quien aseveró que había sido víctima de la delincuencia durante varios años. Sin embargo, su plantación sigue en pie. Está en Burguillos, una población vecina a la de El Junior.

Además de los delincuentes, la falta de tecnificación del cultivo y el robo de la producción, así como los cambios arbitrarios de las normas en la comercialización, son los principales enemigos del bienestar económico de Freddy.

También lo son el indiscriminado abuso policial y militar, que convierte una revisión de la mercancía en una oportunidad para extorsionar. La falta de un documento o el nerviosismo pueden resultar en el pago de una coima a funcionarios, en dinero o en kilos de cacao. Estos granos extorsionados también llegan al mercado formal sin ningún obstáculo.

El Estado es otro depredador del sector cacaotero. La debilidad del marco legal es aprovechada para ofrecer mejores ganancias a las empresas estatales, lo que deriva en inestabilidad jurídica y desestimula al productor. Las regulaciones de precio por debajo de la oferta y demanda, la prohibición de venta de cacao a privados, los cobros de impuestos no oficializados y la instauración del trueque como intercambio comercial, son algunas de las políticas gubernamentales que asedian al sector.

Esta inestabilidad paralizó a Barlovento y es lo que esta investigación busca demostrar, como parte del programa de Connectas y el Centro Internacional para Periodistas. Miranda fue, hasta 2010, la primera región de producción de la semilla en el país, según estimaciones de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave).

En 2018, la Corporación Socialista de Cacao contabilizó que 8.295 toneladas se sacaron de las tierras barloventeñas, aproximadamente 700 toneladas menos que el estado Sucre, que tiene una superficie cosechada similar a la de Miranda.

En tierras barloventeñas se pueden perder hasta 6.650 dólares en media hora. Una operación ejecutada por seis hombres encapuchados, armados con fusiles de guerra y vestidos de negro facilitó la sustracción del equivalente a tres meses de trabajo en cultivos de cacao a dos hermanos y a sus 10 obreros.

En una camioneta último modelo, los delincuentes cargaron con 20 sacos de cacao seco (una tonelada), 15 latas sin fermentar y 300.000 bolívares en efectivo destinados al pago de nómina de los trabajadores, equivalentes a 3.000 dólares para ese momento. Los ladrones dejaron a las víctimas amarradas y amordazadas en distintos espacios de una casa cercana a la plantación de cuatro hectáreas, ubicada en el sector Cumbo del municipio Andrés Bello en Miranda, una comunidad con caminos derruidos y sin iluminación.

El robo a los hermanos en diciembre de 2014 no fue escrito en los diarios del país ni en actas policiales, pero sí se encuentra entre los cálculos de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) como parte del 40 % de los agricultores de la región mirandina que han sido afectados por la delincuencia.

Entre 2013 y 2016 los integrantes de la asociación llegaron a registrar hasta cinco reportes semanales por el robo, extorsión y/u homicidio de los cacaoteros de Barlovento, que ronda la cantidad de 1.500 agricultores según datos gremiales.

En esos cuatro años, los seis municipios se mantuvieron en el primer lugar de la tasa de homicidios del estado: 1.427 personas fueron asesinadas durante ese período, lo que equivale a 29 personas cada mes en los 4.610 kilómetros cuadrados de la subregión. Con una tasa de entre 135 y 204 homicidios por cada 100.000 habitantes, Barlovento supera a Caracas, que tiene la reputación de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo.

La violencia delictiva está casi tan arraigada en el eje mirandino como la cultura de los tambores y el cacao. Su superficie está repleta de boscosidad, ríos y zancudos. Es una zona rural cuyas ciudades principales apenas poseen vías de asfalto agrietado, pero los caseríos alrededor de estos caminos carecen de urbanidad y servicios básicos.

En las entrañas de Barlovento es donde nacen bandas como la de El Junior. El asesinato de un primo y la búsqueda de venganza lo introdujo en el mundo de la delincuencia cuando solo tenía 14 años de edad. A sus 34 ya era el líder de un grupo de jóvenes armados que se escondía en El Morro, comunidad del municipio Andrés Bello.

En una extensión de 10 kilómetros entre Río Chico y Cumbo hay al menos 12 caseríos. Cada uno asediado por un grupo delictivo armado con machetes, pistolas, escopetas y fusiles. Los más organizados tienen radios portátiles para monitorear quién pasa por la vía. Entre sí, estas bandas son enemigas.

Los conflictos a tiros que El Junior protagonizó contra pandillas rivales y con la policía, alejaron a varios vecinos. Sus casas se ven a lo largo de la ruta hacia El Morro como cascarones vacíos, prueba del miedo que consume a la población.

De esta forma, Junior logró apoderarse de dos hectáreas de plantación de cacao. Para 2013, cuando el Gobierno intentó implementar un plan de pacificación en la zona, el campo ya se había convertido en una actividad de la banda. En una labor paralela a la delincuencia.

El proyecto de pacificación fue conducido por el entonces viceministro de Política Interior, José Rangel Ávalos. El funcionario se reunió con grupos delictivos de Barlovento para un intercambio: trabajo a cambio de deponer sus armas. Les ofreció una “segunda oportunidad”.

Cuando los delincuentes aceptaron la propuesta, el Gobierno cantó victoria y catalogó al sector como un “territorio de paz”. Videos transmitidos por el canal del partido gobernante, Venezolana de Televisión, dan cuenta de las esperanzas que depositó el Gobierno en que esos jóvenes, que lucían su mejor armamento en televisión nacional, pudieran regenerarse.

“Nos ofrecieron que nos iban a sacar del caserío, que nos iban a dar una casa. Muchos no captaron. Uno captó porque era un beneficio para uno. Pero muchos no captaron y se rompió esa paz, esa palabra. Luego, ellos (las bandas renegadas) venían por los fundos a cazarnos porque nosotros éramos lo que estábamos captando. Al final, nosotros tampoco captamos, porque hay que defenderse”, dijo Junior en una entrevista que se realizó en sus tierras en 2015.

Rangel Ávalos dijo públicamente que hasta 2015 conversó con 300 grupos delictivos de Sucre, Aragua, Guárico, Miranda y Distrito Capital. Ese diálogo acabó con la Operación para la Liberación y Protección al Pueblo (OLP), despliegues agresivos de la policía y militares que se extendieron por todo el país. Específicamente en Miranda, estos procedimientos mataron a cerca de 560 personas según una investigación del portal informativo Runrunes.

Desde 2014, Junior decidió abandonar la delincuencia. El hombre, a sus 38 años de edad, se convirtió en agricultor de tiempo completo y evangélico después de ver a los suyos atravesados por las balas o los machetes. Se quedó con el cultivo del cacao que, aun sin registro de tierras, pudo comercializar ampliamente.

“Nosotros sacamos el cacao para las cacaoteras de San José. De ahí lo transportan, lo seleccionan y lo llevan a la aduana para hacer chocolate. Yo no tengo carta agraria, por eso le pido a alguien que sí la tiene que me venda el cacao. No puedo tener estas tierras a mi nombre porque tengo problemas con el Gobierno (término utilizado para nombrar a la policía)”, indicó Junior en 2015.

La Policía del estado Miranda tenía el expediente de la banda de El Junior. A sus integrantes los buscaban por homicidio y secuestro. Un funcionario aseguró que el grupo era responsable de muertes dantescas, en las que fueron empleadas armas como sierras y machetes. Este fue el argumento que dio el agente de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que disparó al líder de la banda en febrero de 2019.

Ahora las plantas de Junior son trabajadas por su familia.

Cacao manchado

No todos los agricultores en Barlovento usaron el delito para obtener sus tierras. Se calcula que hay cerca de 1.500 productores en la localidad de Miranda, la mayoría de ellos con terrenos heredados desde hace más de 50 años.

El presidente de Asoprocave, Ciro Martínez, explicó en una entrevista de 2015 que la producción agrícola en la zona tuvo una disminución que se debió, en gran parte, por la ausencia de políticas de seguridad. “La producción de la zona bajó de 8.000 toneladas en 2012 a menos de 5.000 toneladas en 2014. En la zona siempre se han registrado hurtos de la semilla, pero sin violencia. Ahora hasta matan a los dueños de las haciendas y a sus jornaleros”, reconoció Martínez en ese año.

Guarda en los expedientes de Asoprocave el caso de un agremiado que recibió siete impactos de bala entre los matorrales de su casa, en el sector Perdomo del municipio Acevedo. Era 2014 cuando el hombre fue atacado después de descubrir a unos malhechores robando cacao. “Se salvó porque los vecinos salieron al escuchar los disparos y los ladrones prefirieron huir”, agregó. Señaló que la víctima sufrió el mismo modus operandi en tres oportunidades previas.

Después del ataque a tiros, un delincuente que vivía en su comunidad comenzó a pedirle al agremiado 6.000 bolívares fuertes (60 dólares al cambio paralelo de ese año) cada semana. El cacaotero se negó, pero las amenazas a su integridad y a la de su familia llegaban con frecuencia. Finalmente, tomó la justicia por su cuenta. “Le pagó a alguien de afuera para que lo matara”, confesó el presidente de Asoprocave.

Para los productores, la delincuencia es el principal problema al que se enfrentan. No solo les resta ganancia, sino también desmejora el trabajo de calidad. Las semillas arrebatadas son introducidas en el mercado formal y, aunque no están procesadas con los estándares internacionales, son vendidas al mismo precio de aquellas que sí cumplen con todos los requisitos. Esto hace que el tiempo de fermentación sea menor, restando calidad a la semilla, aunque ello no implique un daño para su consumo.

Freddy Padrón, productor desde hace más de 40 años, explica que esa es la forma en la que venden la semilla “los toberos”, como llaman a los delincuentes que roban o hurtan cacao de las haciendas, son aquellos que entran a las plantaciones y cortan la mazorca, algunos sin ocasionar daños a los productores.

Es un proceso más sencillo que solo lleva dos o tres días de trabajo, mientras que fermentar el grano implica alrededor de 15 días. Así se consigue el cacao fino de aroma del que tanto presume Venezuela.

En el mismo renglón de preocupación están los “pranes” o líderes de bandas organizadas. Estos aparecen como un ente de seguridad que promete proteger a los agricultores de “los toberos”. Para custodiar, cobran un porcentaje en cacao de la producción de su víctima o parte del efectivo de la venta del producto.

Según Acción Campesina, organización con 10 años de trabajo en el área, ambos tipos de delincuencia se ven en las zonas más alejadas de los centros urbanizados, como Río Negro, Pele El Ojo, Marcelo y Cumbo.

El Estado, específicamente la autoridad local, no tiene un mecanismo efectivo para detectar y erradicar esta irregularidad. La solución que implementó Héctor Rodríguez, al asumir la gobernación de Miranda en 2017, fue el reforzamiento de la seguridad en las vías. Es decir, alcabalas con funcionarios policiales y militares que revisan los camiones de carga y evalúan que los papeles estén en regla.  

En la práctica, la medida acrecentó la extorsión policial. Ya no solo había una o dos oportunidades de “caer” en un punto de control. Desde 2018 se instalaron más de 10 puestos policiales o militares entre Caracas y Barlovento.

“Otro nivel delincuencial son las alcabalas. Cuando tienen la carga de cacao, la retienen y se obliga al dueño de la carga a darle un porcentaje de cacao para liberarle el resto de la carga. Eso es muy frecuente en todo Barlovento”, aseguró Heriberto Araujo, coordinador de proyectos de Acción Campesina.

Lamenta que este “mal de años” no se haya acabado. “Los productores hoy están profundamente vulnerados por bandas de delincuentes armados que actúan impunemente en las comunidades. Usan los caseríos como guaridas. Mantienen extorsionados a los agricultores, obligando a estos a entregarles parte del cacao que cosechan”, detalló el gremialista, quien exigió el restablecimiento de la seguridad.

El cacao sembrado por Junior, quien terminó muerto por balas policiales, termina en alguna comercializadora o exportadora. Lo mismo ocurre con el que “el tobero” saca en silencio de las haciendas y el que las bandas organizadas obtienen como garantía de protección.

¿Denuncia? Padrón asegura que en 2014 interpuso una demanda en la Fiscalía del municipio Andrés Bello. Allí le indicaron que llevarían a un fiscal a las haciendas para corroborar la situación, pero “se quedó así, dijeron que iban a hacer una inspección y nunca fueron”.

El gerente general de Asoprocave, Vicente Petit, usa otra expresión para evidenciar la impunidad con la que a los agricultores y comercializadores son despojados de lo suyo: “Uno no puede hacer nada”.

Venezuela es un país de incertidumbre. En el negocio del cacao, específicamente el que nace a 90 kilómetros de su capital, la inestabilidad legal se traduce en regulaciones de precios (parecidos al control cambiario de divisas), decretos de exclusividad de venta a empresas gubernamentales, impuestos no oficiales y trueques.

Aunado a esta particularidad del sector, un empresario del cacao en Venezuela debe navegar en la hiperinflación, manejar el cambio del dólar a bolívares, revisar la Gaceta Oficial (medio por el que se oficializa la normativa del país, así como los cambios de funcionarios en entes públicos) y saber “ganarse” a los agentes del Estado para obtener los papeles necesarios. Así, quizás, pueda sobrevivir en el país.

Un ejemplo del empresario cacaotero es Francisco*. Tiene más de cinco años como socio en una exportadora de cacao. Inicialmente trabajaba con materia prima de Barlovento, pero el delito le hizo alejarse de la zona. Su negocio se concentró en comercializar el grano de Aragua y Amazonas.

Ahora, la inestabilidad jurídica acorrala cada vez más a Francisco. Desde 2018 la empresa está parada. Un cambio dentro de la Dirección de Mercado Agrícola del Ministerio para la Agricultura y Tierras (MAT) retrasó la entrega de la licencia de exportación. Este documento es una especie de pasaporte para el exportador, con el que luego debe solicitar un permiso para cada lote de cacao que quiera sacar del país.

Ambos requisitos son necesarios para la movilización de la mercancía y su emisión puede verse alterada por factores de organización dentro del ministerio u otras futilidades, como denunciar estas irregularidades en medios de comunicación. Por eso, Francisco pidió que su nombre fuese reservado.

No es la primera vez que ocurre ni es el único exportador al que le pasa. Entre 2014 y 2015 este gremio estuvo cinco meses con sus sacos de cacao retenidos. El MAT no entregó las licencias, por lo que 5.000 toneladas de la semilla casi se pierden en esa temporada. En abril de 2015, el ministro para ese momento, José Luis Berroterán, no explicó las razones en el retraso, solo manifestó que el Estado retomaría la emisión del documento y habría nuevas normas para la exportación.

En 2016, Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, explicó al diario Panorama que los empresarios de esta rama de la economía deben sortear 90 pasos, que incluyen 19 ministerios distintos, hasta cumplir con su entrega final. “Antes de la revolución bolivariana solo había que pasar por cuatro pasos para exportar. Ahora es engorroso y costoso”, dijo.

Dualidad de las políticas locales

Durante diez años, en el estado Miranda hubo dos entidades desde las que emanaban las regulaciones del sector cacaotero. Una era la gobernación, en manos de Henrique Capriles Radonski, opositor a la “revolución bolivariana”. Otra, el MAT y la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, ambos dependientes del Gobierno nacional de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro.

La Coordinación Agroproductora de Miranda (Cordami), bajo el mando de Capriles, inició la carnetización de productores, una labor que adelantó entre 2008 y 2017. El objetivo era legalizar las tierras de cientos de agricultores —cuyas propiedades se heredaron sin documentos— y erradicar la práctica de “los toberos”, como llaman a los ladrones de las semillas.

“El que quería comprar cacao, podía pedir este carnet y saber si era una cosecha legal o robada”, explicó Raúl López, secretario de economía de Capriles. Dijo que, al finalizar su Gobierno, se oficializaron cerca de 1.000 productores, de los 1.500 que, según su registro, hay en los seis municipios cacaoteros de Miranda.

Este plan fue copiado de un plan anterior: el de Enrique Mendoza, quien gobernó la entidad entre 1995 y 2004. No solo le daban legalidad a los productores, sino también a los comercializadores. “Era un certificado que los ayudaba a procesar el título de los predios en el ministerio”, dijo López. Con lamento y resignación, precisó que estos listados fueron “borrados” por Diosdado Cabello, gobernador que sucedió a Mendoza en la entidad mirandina (2004-2008) y aliado del presidente Chávez.

Mientras Capriles informaba de sus jornadas de carnetización, de los programas de capacitación técnica a productores y de la creación o reestructuración de espacios para un secado profesional del cacao, el Gobierno reguló los precios.

La Empresa Bolivariana de Producción Social Cacao Oderí fue creada en 2006 y adscrita a la Vicepresidencia de la República. Su propósito era acopiar todo el cacao de los seis municipios barloventeños y procesarlos, hasta obtener polvo, manteca y licor de cacao. Esta materia prima llegaría a la Planta Chocolatera Cimarrón para inundar el mercado nacional con chocolatería 100% venezolana.

“Para ese fin no tenían dinero. Comenzaron muy bien, pero a la larga se quedaron sin plata y tuvieron que recurrir a otros mecanismos”, indicó López.

En 2010 nació la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, ente que pasaría “a administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades del Estado en el sector de cacao ...”, según se publicó en la Gaceta Oficial con el Decreto Número 7.471.

Un año después, Hugo Chávez estableció en el decreto 8.157 que el cacao sería un “rubro estratégico”. El Gobierno nacional había visto la importancia mundial que tenía esta semilla y no podía dejar pasar la oportunidad de obtener más ingresos por esta vía. De esta forma, se consideró el cacao como un producto de primera necesidad y “pilar fundamental de la seguridad y soberanía agroalimentaria”.

Con este decreto surge el Plan Nacional de Cacao y, con él, la regulación de precios del grano. El precio del cacao de mayor calidad por su proceso de fermentación, llamado F1, se fijó en 25 bolívares el kilo (1,5 dólares, para el momento ) y el de menor tiempo de fermentación, conocido como F2, en 20 bolívares (1,1 dólares).

Estas categorías en el estándar de calidad del grano fueron implementadas a través del Fondo Nacional del Cacao, una estructura financiera que funcionó entre los años 1976 y 2000 y que buscaba estimular la producción de calidad del grano mediante un proceso que supone mayor de tiempo de fermentación y secado de la semilla. En el período chavista, este mecanismo se abandonó.

Freddy Padrón, un agricultor con 30 hectáreas de cacao en el municipio Andrés Bello, describe su experiencia con la nueva regulación de precios: “Cuando Elías Jaua era ministro de Agricultura y Tierra (2006-2010) el precio del cacao se reguló a uno solo. Recuerdo que valía 17 bolívares el kilo. Entonces, solo se podía vender el cacao a las empresas del Estado porque hubo un decreto presidencial. Yo guardaba 50 sacos, pero solo me compraron cinco. Perdí 3.000 kilos de mercancía”, indicó el agricultor, cuyas tierras, dice, son heredadas desde el siglo XIX.

Era un sistema parecido al control cambiario del dólar: el Estado mantuvo un valor por debajo al de la oferta y demanda, favoreciendo la aparición de un mercado paralelo. Si un agricultor vendía una tonelada con el precio fijado, obtenía en ese momento 1.500 dólares aproximadamente, 31 % menos que lo estipulado en el mercado internacional. En la Bolsa de Nueva York, el fruto se comercializaba en 2.200 dólares por tonelada.

Poco a poco esta regulación fue dejada atrás. Padrón recuerda que nadie quiso vender su producto por un valor tan bajo; por lo que las autoridades estigmatizaron la labor de los comercializadores. “No permitían que ellos compraran. Todo lo teníamos que vender a Cacao Oderí”, aseveró el productor. La comunidad protestó por la pérdida de varias toneladas de cacao. Para 2014, la regulación de precios se mantenía, pero todos transaban con la tasa paralela.

El favorito de la revolución

Llegó 2017 y un cambio de Gobierno se produjo en Miranda: un oficialista retomó las riendas del estado productor de cacao. Se trató de Héctor Rodríguez, un benjamín de la revolución bolivariana y de Nicolás Maduro, actual gobernante de Venezuela.

Rodríguez trajo nuevas políticas públicas que prometían incrementar la producción y fomentar la exportación; al igual que mejorar la seguridad de su estado. Pronto se vieron decenas de funcionarios en la Troncal 9, vía principal que conecta el centro de Caracas con el oriente del país. Esa fue la primera medida del Plan Miranda Huele a Cacao.

Hay entre 9 y 10 puntos de control instalados en el trayecto que empieza cuando se dejan atrás las colindantes ciudades de Guarenas y Guatire, y que llega hasta el municipio Andrés Bello de Barlovento , estado Miranda.

La misión de estas alcabalas es, en teoría, asegurar la integridad de los ciudadanos y verificar la legalidad de la mercancía de los camiones. Pero, en la práctica, se convirtieron en los ejecutores de los decomisos de cacao.

“Se ha intensificado mucho la retención de productores y comercializadores en alcabalas hechas por la GNB, precisamente porque se sabe que hay gente que trabaja este rubro de forma ilegal. Esto ha mermado la irregularidad en el comercio y también el robo del cacao en las haciendas”, aseveró Juan José Martín, director actual del área del cacao en Cordami, específicamente del Plan Miranda Huele a Cacao. Se refiere a la comercialización que pasa por el robo o hurto del cacao.

“El tobero es otro delincuente que es más tradicional en la zona, que toma el cacao de la plantación directamente y lo comercializa por su lado”, explicó Heriberto Araujo, coordinador de proyectos para Barlovento de la Asociación Acción Campesina.

Para el nuevo director en Cordami, esta medida forma parte de la política del gobernador Rodríguez, que persigue potenciar la actividad económica. Dijo que, al retener la mercancía, los funcionarios policiales y militares debían constatar que el dueño tuviese los documentos en regla: registro mercantil, acta constitutiva de la empresa, registro en la Superintendencia Nacional de Gestión Agrícola (Sunagro), permiso de circulación del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) y carta agraria, que emite el Instituto Nacional de Tierras (Inti).

Otro requisito que se comenzó a pedir en las alcabalas fue la autorización de las alcaldías para mover cacao por la región, una medida de Rodríguez impulsada como parte del Plan Miranda Huele a Cacao. “Si alguien sacaba un saco, debía tener una guía, una permisología de la Alcaldía. Si no, la GNB lo retenía. Era un mecanismo para garantizar que la gobernación tuviese cacao para exportar y procesar y obtener así ganancias para la institución”, asomó López, exintegrante de la gobernación.

Se trataba del pago de un “diezmo” o impuesto en kilos de cacao. “Los comercializadores presentaban en la alcabala la facturación de lo que llevaban en la gandola y cancelaban el diezmo de acuerdo al 15% de la carga. Mientras esto se daba, la mercancía permanecía retenida”, explicó Vicente Petit, gerente general de Asoprocave.

Esto significa que si una comercializadora transportaba una gandola cargada, su pérdida económica rondaba cifras de 3.750 dólares (para enero de 2019). Un camión de este tipo tiene capacidad para 25 toneladas, según los cálculos de Petit.

“Hubo casos en los que tuvieron las cargas retenidas en galpones de la gobernación y se perdía el cacao por el mal uso y mal almacenamiento. Los vehículos con la mercancía estuvieron inmovilizados cerca de un mes”, expuso Petit.

Uno de los afectados fue Freddy Galindo, dueño de una de las tres casas de acopio más grandes del municipio Andrés Bello. En diciembre de 2018 dijo a Reuters que, tras varios operativos ocurridos ese año, perdió unas 87 toneladas de cacao, con un valor equivalente a unos 130.000 dólares.

Acción Campesina alertó en mayo que los productores de Barlovento evitaban vender su cacao bajo el nuevo sistema de comercialización manejado por la Corporación Mirandina de Cacao. Además de los impuestos, la compra del cacao se hacía por debajo del precio internacional de la Bolsa de Nueva York, referencia para el mercado nacional.

Las retenciones de cacao por la policía o la GNB a veces no terminaban con el cobro del diezmo a la gobernación, sino en una extorsión del funcionario que se saldaba con dinero o con parte del cargamento. En Barlovento, el “matraqueo” sirve para algo más que un “fresco”, especie de medida monetaria popularizada por los uniformados venezolanos para pedir sobornos.

Araujo, de Acción Campesina, aseveró que al menos 10 de sus conocidos fueron afectados por estas medidas. Para él se trata de mecanismos no formales que la gobernación implementa para captar cacao a menor precio y cumplir con su promesa de exportación.

En un folleto de Cordami se anunció que el Plan Miranda Huele a Cacao busca la recuperación de 12.000 hectáreas de cacao, del total de 23.000 hectáreas útiles para este tipo de cultivo. El resto de las superficies aprovechables siguen sin atención. Mediante una suma simple, esto revela que Barlovento solo produce cacao con 44% de sus tierras.

Además, en el sitio web de la gobernación se indica que otro objetivo es el de la reinversión de las ganancias provenientes del sector económico. En abril de 2018, Rodríguez afirmó que 30 % de los ingresos del Plan Miranda Huele a Cacao serían destinados al Fondo de Desarrollo de la región barloventeña.

A nadie en el gremio le gustó la estrategia del ungido de Maduro. Productores y comercializadores, representados por Asoprocave, acudieron a la Asamblea Nacional (Parlamento controlado por la oposición) para denunciar la situación.

La publicación de la Gaceta Oficial número 41.526 puso luz al final del túnel: “Se prohíbe en todo el territorio nacional la emisión o ejecución de cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada, incluso sus subproductos, así como cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura”.

¿Qué hizo Rodríguez entonces? Por un lado pactó con los empresarios y, por el otro, ofreció una nueva forma de pago a los agricultores.

“El Gobierno estableció que los grandes industriales deben vender una cuota del cacao a la gobernación. Es un acuerdo de convivencia”, aseveró Araujo. Aclaró que este pacto no está escrito, por lo que los empresarios corren el riesgo de que sus permisos de exportación se retrasen o que otra arbitrariedad limite su negocio.

Con los productores, el nuevo trato es distinto. Se trata del retorno del trueque o del uso del cacao como moneda, tal como se hacía en la era indígena de México. “Están pagando con el intercambio. El trueque socialista. En San José, me han dicho que tú llegas con cacao y te dan la caja con comida. ¿Eso por qué sucede? porque hay productores que no tienen nada en su mesa”, dijo López, el exsecretario de Economía de Miranda.

Las metas del gremio

La historia del cacao en Barlovento es dulce y amarga. Para Frank Huice, las políticas cambiantes hicieron de su ilusión una pesadilla. Comenzó en 2014 a comercializar el fruto con una empresa que lleva su nombre. Era la forma de mantener su iglesia evangélica y expandir su mensaje a los jóvenes en conflicto con la ley.

Pronto se topó con el asedio oficial. Comenzó con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes lo visitaban en su vivienda y le pedían los papeles. Al ver que ninguno le faltaban, pasaban a exigirle una “colaboración” en kilos de cacao. Él se negó y, después de una charla evangelizadora, los efectivos se marchaban.

Más tarde fue detenido en la carretera por alcabalas de la GNB. Ocurrió lo mismo que en su casa, pero esta vez con varias toneladas de cacao a cuestas. Como pudo, se rehusó a dar su coima la primera vez que tuvo en frente a los funcionarios militares; pero al hacerse frecuente la situación, renunció a la comercialización.

“Que los militares te paren en el camino no es una novedad. Por eso tengo dos años que no vendo más cacao. Cada vez que quería sacarlo de Barlovento, tenía que hablar en cada alcabala y explicarles que tenía todo en regla. Cuando no quisieron entender, cuando la única solución era pagarles tantos dólares a los guardias, entonces dejé de comercializar”, aseveró Huice.

Araujo, representante de Acción Campesina, calcula que más de la mitad de la población en Barlovento vive del cacao. Además de este rubro agrícola, el comercio y el sector público son otras fuentes de empleo. “El turismo ya no existe, aunque hay playas hermosas. Quedaban los caraqueños, que de vez en cuando iban, pero la inseguridad y las fallas en del asfaltado en las carreteras los alejaron”, planteó.

Hay 12.000 familias en riesgo y por eso Acción Campesina y Asoprocave no dejan de insistir en las recomendaciones. Una de ellas es el regreso del financiamiento a los productores. Pero no solo para apoyarlos con el cultivo de sus tierras, sino uno que los estimule a ser procesadores de su propio cacao.

Así lo hace Luisa Amanda González desde hace 40 años. Comenzó con una finca de cinco hectáreas y ahora es dueña de la marca de bombones Mis Poemas. ¿Cómo lo hizo? Fue una de las beneficiadas con créditos de la gobernación. Con el dinero, su yerno elaboró máquinas de secado, aplanadoras y mezcladoras. Todo lo que necesita para hacer chocolate.

“Buscamos que se favorezca entre los productores de cacao la gestión institucional, gerencial y técnica de manera autónoma e independiente a través de sus propias organizaciones que le permitan participar en todo los eslabones del circuito productivo y económico del cacao”, precisó el gremialista.

Venezuela es una tierra bendita. En menos del 1% de la superficie del planeta se concentran extensas playas y desiertos, densas zonas selváticas, la catarata más alta del mundo y picos llenos de nieve. Un potencial turístico envidiable. Debajo de su suelo reposan abundantes minas de oro, coltán y otros minerales. Una diversidad que el petróleo opaca y que los gobernantes no saben explotar más allá de la demagogia política. Dentro de este desdén del Estado está el cacao.

“El tema del cacao es lo clásico de Venezuela: tenemos las mejores playas, pero tenemos todo descuidado”, apunta el secretario de economía del estado Miranda, durante la gestión de Henrique Capriles Radonski, Raúl López.

La virtud del cacao venezolano viene por naturaleza. Tres tipos de sabores y aromas en semillas se gestaron en las tierras caribeñas. La diversidad de los granos hace que el país sea atractivo para los compradores internacionales, que buscan mezclas exóticas para sus productos.

En 2005 una resolución emanada del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela reconoció los cultivos de cacao en Barlovento como Bien de Interés Cultural. Desde 2012, el chocolate con materia prima barloventeña ha ganado medallas de plata y oro en la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés). En 2016, Venezuela firmó el Acuerdo Internacional del Cacao y, dos años después, una chocolatera japonesa usó el grano con sello de Barlovento. Este producto ganó una medalla de oro en la ICCO en 2018.

Además, desde 2015, en Venezuela se celebra el Día Nacional del Cacao y, en la primera feria en su honor, se rompió el Récord Guinness de la moneda de chocolate más grande del mundo.

¿Cómo se logra esta calidad? Cuidando el sabor y el aroma de la semilla. Esto marca la diferencia entre un cacao fino de aroma y un cacao corriente o, como se les conocen en Barlovento, F1 y F2, respectivamente.

Las grandes chocolateras venezolanas, Chocolates El Rey y Franceschi, saben muy bien de esta distinción. Ambas tienen programas en haciendas en las que fomentan la capacitación técnica de la conservación del grano y por ello son las que reciben galardones internacionales.

La Organización Internacional del Cacao establece 12 criterios que miden la calidad de una semilla y advierte que algunos parámetros son subjetivos. Entre sus lineamientos están: el origen genético de la siembra, la morfología de la planta, los aspectos químicos de los granos y el color y tamaño de las vainas o mazorcas y sus frijoles.

También miden la calidad por el grado de fermentación, el secado, la acidez y los sabores desagradables; porcentaje de moho interno, infestación de insectos y porcentaje de impurezas.

Esta última parte es el talón de Aquiles de la producción venezolana, específicamente la de Miranda y su subregión de Barlovento. Desde agricultores hasta exportadores que hacen vida en la región saben que la calidad de la producción ha bajado debido a la falta de técnica en los procesos de siembra, cosecha y procesamiento.

Juan José Martín lo reconoce. Él es el director del Plan Miranda Huele a Cacao, estrategia que lleva adelante la gestión del nuevo gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez. “La producción del estado es bastante baja. Tenemos problemas fitosanitarios, en el mantenimiento de las plantaciones, hay plantas como de 200 años. Son plantas que vienen en declive”, enumeró.

Otro obstáculo es el proceso de fermentación y secado, que no cumple con los estándares internacionales: superficie de cemento o cajones de madera, exclusivos para el cacao; y la reducción de la humedad al 7,5%. Un proceso que dura por lo mínimo 10 días, en la subregión mirandina hay quienes lo dan por terminado en tres. Es decir, comercializan tipo F2.

Así como es frecuente encontrarse con las imágenes de la mazorca, también es fácil pisar el cacao en pleno proceso de fermentación. “Cuando vas a Barlovento, te encuentras en la vía el secado, en el asfalto. Es lo peor que puedes hacer porque el cacao absorbe todo eso. El orine del perro, la sandalia del niño, los gases de los carros y el asfalto. El secado debería ser en cemento. Para que no agarre ningún tipo de olor”, indicó López, quien al mando de la secretaría Económica del exgobernador Capriles, fomentó la creación de espacios para el proceso poscosecha.

Desde la llegada de Rodríguez, Martín tiene la aspiración de levantar la producción en Barlovento a través del Plan Miranda Huele a Cacao. Eliminar estas “plagas” para recuperar 12.000 hectáreas.

En 2010, el estado Miranda fue despojado del primer lugar como el gran cacaotero. Ahora ese puesto lo ocupa el estado Sucre, una entidad costera al este de Venezuela. Según cifras de la Corporación Socialista del Cacao (empresa del Estado) en 2018 se cultivaron 8.295 toneladas de la semilla; mientras que el estado oriental alcanzó las 9.074 toneladas.

La Asociación Nacional de Productores de Cacao Venezolano (Asoprocave), representación gremial, desconfía de las cifras que maneja la corporación. Sus miembros creen que están abultadas. La agrupación, que está en el campo y conoce las carencias de las plantaciones, estima que la producción de Miranda ronda las 4.000 toneladas, la mitad de lo anunciado oficialmente.

“Una de las críticas que se le hace a Héctor Rodríguez es que dice que exportamos tantas toneladas de cacao. Pero eso era puro F2. No está bien fermentado. Los cacaoteros ven eso mal. Hablamos de que tenemos el mejor cacao del mundo y tú estás mandando F2. Ningún repostero suizo lo va a comprar. Quemas la marca”, explicó López.

Asoprocave y Acción Campesina, otra organización que trabaja en pro de despegar la producción, han recomendado no solo financiar a los agricultores y construir centros de procesamiento modernos. También subrayan la necesidad de educar y rescatar la cultura cacaotera a través de la erradicación del comercio de F2 mediante una política de Estado.

Otra de las banderas de Acción Campesina es la investigación que fomente el estudio de la genética del grano, así como del control integrado de plagas, el manejo postcosecha y la descontaminación de los recursos.

Heriberto Araujo, coordinador de Acción Campesina, hace énfasis en que el impulso de la economía del cacao pasa por la seguridad y el restablecimiento de la vialidad agrícola. Recuerda que son los sectores alejados de las capitales de los municipios los que sufren por el robo de cacao y el cobro de vacuna por parte de bandas delictivas.

Subir peldaños

Entre 2014 y 2018 la exportación del cacao venezolano no incrementó. Por el contrario, su tasa de crecimiento está en rojo: durante esos cuatro años el indicador es de - 15 %. Venezuela ocupa entonces el peldaño número 65 de 104 en la tabla de países exportadores registrados por la plataforma Trade Map. En Latinoamérica, en cambio, la perspectiva del país mejora. En el mismo período, la tasa de crecimiento dio positivo, ubicándose en 2%.

Trade Map es un sitio web que recoge las estadísticas comerciales del mundo. Con respecto a Venezuela, así como para otros países, la herramienta advierte que los datos mostrados pueden ser distintos, pues se trata de un reporte espejo. Esto quiere decir que la plataforma usa información de los aliados comerciales del país para levantar la data.

Asoprocave estima que la exportación de cacao venezolano ronda el 30 % de la producción. Si en 2018 la Corporación Socialista de Cacao reportó que se produjeron 22.705 toneladas, lo exportado, según los cálculos del gremio, se ubicaría en 6.811 toneladas. Sin embargo, la plataforma arroja que los países compradores del producto adquirieron 10.906.

Ni una ni otra cifra deja bien parada a Venezuela. Ecuador, que ocupa el primer lugar para Latinoamérica, obtuvo 665 millones de dólares por sus ventas en 2018, mientras que el cacao venezolano solo devengó 22 millones de dólares, de acuerdo a la plataforma de estadísticas mundiales.

“El potencial de Venezuela da para más”, sentencia Vicente Petit, gerente general de Asoprocave. El país podría producir 37.571 toneladas si se logra un rendimiento de 700 kilos por hectárea cosechada (estándar internacional). Esto equivale a una mercancía valorada en 86.800 millones de dólares, al precio Icco para el 16 de abril de 2019.

Según los especialistas consultados, Venezuela era competitivo en sabores de orígenes, sabores autóctonos; pero, como en los 2000 bajó su calidad, entonces otros países comenzaron a desarrollar sus propios sabores originarios. Creen que la lucha de ahora, no se trata solo de competir por el sabor, sino también por la calidad.

Araujo, de Asociación Acción Campesina, tiene claro el panorama: “Debemos estimular al productor. El cacao F1 debe ser mejor remunerado para que el agricultor sienta que su trabajo vale”.

Desde la organización, que tiene una década trabajando con el rubro, se impulsan acciones para recuperar la calidad del cacao venezolano. Una de ellas es el apoyo técnico a los productores para capacitarlos en el adecuado procesamiento de la semilla, hasta llegar a la producción de chocolate.

Araujo aspira que el proyecto de Acción Campesina se vuelva una política pública, al igual que estimular la investigación académica agrícola y favorecer la gestión autónoma del productor.

Desde agricultores a exportadores saben que con inversión, Venezuela se puede convertir en un productor de cacao de volumen. Las tierras están allí. Uno de los consultados expuso que en ese escenario, en el que la industria genera divisas para el Estado, se pueden proteger los aromas y regresar al rango de los mejores cacaos del mundo.